La
participación es indispensable para integrar la representación de las
sociedades democráticas a través del voto, pero una vez constituidos los
órganos de gobierno, se convierte en el medio privilegiado de la llamada sociedad civil para hacerse presente en
la toma de decisiones políticas.
La
primera forma de participación a la que hago referencia (el voto) es de índole
política, al igual que las actividades que realizan los ciudadanos en las
campañas políticas a favor de un candidato en particular o a través de
actividades comunitarias que persiguen un fin determinado. En este sentido,
conforme pasa el tiempo las y los ciudadanos toman un papel más activo en las
cuestiones públicas que ya no se limita sólo a acudir a las urnas durante las
jornadas electorales, gracias a factores como la exigencia de contar con mayor
información, disposición de actuar y el papel que los nuevos actores políticos
juegan en la búsqueda de espacios. De lo anterior se desprende que existe una
relación entre ciudadanos (mejor y mayor preparación), conocimiento y comportamientos
políticos.
Joan
Font, en Participación ciudadana y
decisiones públicas: conceptos, experiencias y metodologías, propone que se
refuerce el sector asociativo manteniendo las políticas de apoyo económico y
añade que es necesario complementarlas con mecanismos dirigidos a la continua
mejora en la toma de decisiones y en su proceso de evaluación y seguimiento.
Asimismo, asegura que es necesario buscar la participación del ciudadano no
organizado, como los jóvenes, a través de redes informáticas. Por último,
refiere que debe potenciarse un cambio hacia una cultura más participativa a
mediano plazo, identificando previamente las causas por las que las y los
ciudadanos se muestran apáticos a involucrarse en temas públicos.
Por
otro lado, la participación ciudadana en general siempre se refiere a la
intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto que
portadores de determinados intereses sociales.
Existen
varios mecanismos de participación ciudadana, tales como la consulta popular o
consulta a las comunidades, los mecanismos deliberativos y los mecanismos de
democracia directa. En nuestro país, el marco normativo constitucional
considera la posibilidad de que las y los ciudadanos propongan iniciativas de
ley, con la idea de que en el Congreso haya lugar para otras voces. Las
consultas populares son otro ejemplo de este tipo de mecanismos, al igual que
las candidaturas independientes y la posibilidad de incidir en la decisión de
reelección de nuestras legisladoras y legisladores.
Sin
embargo, el hecho de que estos mecanismos de participación ciudadana estén
contemplados en la Constitución no implica, como cualquier otro derecho, que vayan a darse en automático, pues además
de la problemática antes mencionada referente a la apatía de la sociedad civil
de participar en temas públicos, del texto normativo se desprenden una serie de
candados que lejos de abrir las posibilidades de participación a las y los
ciudadanos, las limitan entre la complejidad de los procedimientos para lograr
hacerlos valer.
Con
apertura o sin ella, los mecanismos existen y si no fuere este el medio elegido
para hacer escuchar las voces de grupos sociales que buscan un fin específico,
siempre habrá otros, pues para encontrar soluciones y hacernos escuchar, las y
los jóvenes nos pintamos solos.
Paola Margarita López Macías
Twitter: @maolita_
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